La Defensa Pública, consciente de la relevancia de su función de resguardo del ejercicio efectivo de los derechos de sectores vulnerables de una comunidad, aspira a que dicho cometido se cumpla con la mayor suficiencia posible y coadyuva a ello, contar con una estructura de apoyo a la labor propiamente legal que brinde un adecuado aporte a la misma, dotándola de los elementos de juicio provenientes de otras ciencias.
La creación de un Cuerpo de Peritos y Consultores específico de la Defensa, posibilitó la construcción de estrategias de defensa con mayores herramientas técnicas, otorgando una mayor protección de los derechos cuya custodia le son confiados por los beneficiarios del sistema y contribuyó a su jerarquización institucional.
La participación otorgada a este Equipo contempla los principios de especificidad técnico-científica en la provisión de información a las Asesorías sobre el caso que le fuere encomendado, relación de exclusividad y contigüidad con los defensores, reserva del material obtenido ante la eventualidad de posteriores acciones profesionales y demás particularidades de la gestión que deberá ser normalizado en un Reglamento particular. También, atiende a los requerimientos éticos correspondientes a los distintos roles que pueden desempeñar los Sres. Defensores Oficiales, a fin de evitar las situaciones de intereses contrapuestos, respecto de las prestaciones solicitadas al Equipo de Consultores y Peritos.
Estos argumentos, entre otros, sostienen las resoluciones que
dieron vida institucional a estas Unidades de profesionales